Constantemente los casos de corrupción vinculados a los gobiernos de todo el mundo ocupan los titulares de todos los periódicos.

Brasil no es la excepción, el gobierno encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva ha sido acusado por la oposición por el delito de malversación de fondos públicos.

Gran parte de la población que posee tarjetas de crédito, sufre grandes endeudamientos por el uso indebido de las mismas. Sin embargo, los ministros y personas allegadas al Presidente de Brasil han demostrado que no carecen de este mal hábito.

La oposición del gobierno de Lula da Silva afirma que el entorno del Presidente realiza gastos desmesurados con las tarjetas de crédito, gastos que no tendrían nada que ver con la función pública que cumplen.

Unos encargados de la seguridad del mandatario habrían gastado en el lapso de tres años la cifra de 85.600 dólares a través de tarjetas de crédito solventadas por el gobierno. El detalle de los gastos arrojó que dicha cantidad había sido gastada en concepto de restaurantes, gimnasios, vestimenta, etc. Es decir, los gastos provocados por estas personas y que no generaban ningún beneficio a la población, se pagaban con los impuestos de los ciudadanos de Brasil.

El revuelo que provocó la publicación de los gastos indebidos fue tal, que Matilde Ribeiro, Secretaria de Igualdad Racial, se vio obligada a renunciar luego de ser acusada de malversación de fondos por las elevadísimas cifras a que ascendía su tarjeta de crédito de uso oficial.

Carlos Sampaio, diputado de la oposición, pretende organizar una “Comisión Parlamentaria de Investigación de los gastos corporativos” para frenar el despilfarro en el que incurren la mayoría de las personas que integran la comitiva presidencial.

El gasto que el gobierno federal efectuó con medios de pagos oficiales, en su mayoría tarjetas de crédito, ascendió un 800 % en el lapso que va desde el año 2003 hasta el año 2007. Sin embargo, como la mayor parte de este gasto se refiere a retiros de efectivo realizados con tarjetas de crédito, no puede saberse con seguridad cual fue el destino del dinero.
El conocimiento público de los elevadísimos gastos ocasionados por los funcionarios públicos, provocó indignación en la población de Brasil. Lula da Silva ha tenido que tomar serias medidas para evitar la pérdida del apoyo popular.

Paulo Bernardo Silva, Ministro de Planificación, explicó la medida del gobierno que estará destinada a medir el gasto de los funcionarios. Según Silva, en adelante se impedirá las extracciones de dinero a través de tarjetas de crédito. Estarían Exceptuados la Presidencia, y los Ministerios de Salud y Relaciones Exteriores. Además, las tarjetas de crédito tampoco podrán ser utilizadas para abonar pasajes por parte de los funcionarios.

Lula da Silva intentará evitar futuros escándalos ocasionados por los elevados gastos de sus funcionarios, a través de un decreto en el que se restringirá el uso de las tarjetas de crédito oficiales y se establecerá claramente los casos en los que pueden ser usadas.